Colectivos feministas como Andereak de Durango, Lanbroa de Bilbo, el partido político Feministas al Congreso País Vasco y la Coordinadora Abolicionista de la Prostitución de Euskal Herria (EHFAK), comparecen en Juntas Generales de Bizkaia para la presentación de la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOAPS) y, entre otras propuestas, solicitar la inclusión del 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Niñas y Niños en el calendario de conmemoraciones de la Institución de las JJGG en Bizkaia.

La comparecencia, a la que puedes acceder desde la página de facebook de Lanbroa, se ha realizado ante la Comisión de Peticiones y Acciones Ciudadanas de la Asamblea General de Bizkaia, por las compañeras Begoña Ferro, Miren Nieves y Sarah Berlori, que insistieron en la necesidad de llevar a cabo políticas abolicionistas, porque la prostitución es una forma extrema de violencia contra las mujeres.

Dentro de las peticiones realizadas se ha incluido la derogación de toda norma o parte de su articulado que fortalezca, potencie o normalice la prostitución, como son el Reglamento para el desarrollo de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades de Juego o la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Bilbao que regula la prostitución como actividad comercial; ya que regulaciones como las citadas son incompatibles con una sociedad democrática, donde se respeten los derechos humanos de las mujeres.

En su exposición transmitieron a los grupos políticos presentes la necesidad de impulso, también desde esta institución, de la propuesta legislativa abolicionista del movimiento feminista LOASP –Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional-, asimismo explicaron los ejes fundamentales que vertebran esta propuesta legislativa: garantizar los derechos de las mujeres, así como su derecho a recibir una atención integral; desmantelar la industria de la explotación sexual, castigando todas las formas de proxenetismo; y desalentar la demanda, con medidas tanto administrativas como penales.

Culminaron exigiendo la plena implicación de la administración en la lucha contra la explotación sexual, que debe ser llevada a cabo a través de políticas nítidamente abolicionistas.