COMUNICADO DE LA PAP ANTE LA PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO ANTE LA CRISIS DEL COVID-19: MEDIDAS ADICIONALES DIRIGIDAS A VÍCTIMAS DE TRATA, EXPLOTACIÓN SEXUAL Y A MUJERES EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN EMITIDO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA

En primer lugar, desde la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución queremos expresar nuestra sorpresa e indignación ante el desplazamiento, que el Plan de Contingencia contiene responsabilizando a las ONGs de la desprotección que, en estos momentos de Estado de Alarma, sufren las mujeres víctimas de prostitución y trata, en lugar de responsabilizar al sistema prostitucional.

Señalar como arriba se puede apreciar a las entidades y ONG como responsables directas de “… exponiendo a estas mujeres a un escenario de vulnerabilidad y desprotección de derechos” es un discurso impropio de un gobierno que se denomina progresista. Exigimos la retirada inmediata y que el Gobierno se disculpe por esta criminalización de las ONGs que trabajan en este ámbito

Son precisamente las ONGs las que no han dejado de seguir cumpliendo con sus obligaciones de atención, asesoramiento e intervención, adaptando todos sus recursos a las circunstancias actuales para seguir prestando todo el apoyo necesario a las mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata.

Ha olvidado el Gobierno, que en todo caso son las Administraciones Públicas competentes las obligadas al “normal funcionamiento de los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados, y alojamientos seguros para víctimas de violencia de género, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual”, según el Real Decreto 12/2020 de 31 de marzo”.

En segundo lugar, y, a pesar de que el Plan parece dirigido también a mujeres víctimas de explotación sexual y en contextos de prostitución, el desarrollo del mismo, está básicamente dirigido a mujeres víctimas de trata. A este respecto, el Estado español está obligado por el Convenio de Varsovia (mayo de 2005) a implementar todas las medidas de índole penal, civil y administrativas necesarias para la protección de mujeres víctimas de trata sexual, desde que dicho Convenio fue suscrito con independencia de la concurrencia o no de situación singulares como lo es el estado de alarma.

Por otro lado, el Gobierno español se sigue negando a considerar que la prostitución precede a la trata, pues ésta existe porque existe demanda de prostitución, siendo indisolubles ambas violencias contra las mujeres.

En tercer lugar, el Plan obedece a la exclusión de la trata y la prostitución como formas de violencia de género, pues de no ser así, no sería necesario un tratamiento particularizado y las medidas de protección dirigidas a mujeres tratadas y prostituidas, ya hubiesen entrado en vigor tras el Real Decreto 12/2020 de 31 de marzo.

No obstante, las medidas anunciadas, son las que se vienen implementando por parte de las ONGs que trabajan directamente con las mujeres en prostitución y trata sexual y las que las Administraciones Públicas están obligadas a suministrar a las mujeres en estos contextos.

Así pues, el Plan solamente recoge lo que a priori ya se viene haciendo por parte de las ONGs que trabajan en prostitución y es una obligación mínima, es decir:

_ Que las administraciones competentes y entidades sigan prestando orientación jurídica, psicológica y social, adaptando la atención a las circunstancias derivadas del estado de alarma (vía medios telefónicos o por videoconferencia).

_ Mantener los servicios ambulatorios de asistencia integral (social, jurídica y psicológica) para garantizar la atención e intervención en recursos especializados, tanto para las mujeres ya en procesos de intervención como para las mujeres que inicien su proceso de recuperación, a través de la declaración como servicio esencial de estos servicios, realizada a través del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Todo ello implica que las administraciones competentes y entidades sigan prestando orientación jurídica, psicológica y social adaptando la atención a las circunstancias derivadas del estado de alarma (vía medios telefónicos o por videoconferencia).

_ Garantizar de alojamiento temporal seguro a las víctimas como servicio esencial, a través del citado Real Decreto-ley 12/2020, tanto para las mujeres ya alojadas como para nuevos ingresos.

Desgraciadamente, todo ello no sirve para dar respuesta a las mujeres en prostitución ni en estos, ni con posterioridad a la pandemia del coronavirus.

Lo que necesitamos y demandamos es la abolición del sistema prostitucional y, por tanto, acabar con la violencia que representa para todas las mujeres el mantenimiento de relaciones de sumisión y de poder por parte de los hombres que demandan prostitución.

Para una verdadera protección de las mujeres prostituidas y tratadas con fines de explotación sexual, exigimos:

  • Cierre de pisos, clubs, locales, etc donde son explotadas sexualmente las mujeres
  • Habilitación de recursos habitacionales, económicos y de reparación integral para las mujeres prostituidas.

No obstante, celebramos que puedan acceder las mujeres en contexto de prostitución aunque estén en situación administrativa irregular a ese futuro Ingreso Mínimo Vital, pendiente de aprobación y de habilitación de fondos.

22 de abril de 2020