El pasado 24 de diciembre, integrantes de la Plataforma Navarra de Mujeres por la Abolición de la Prostitución acudieron, junto con compañeras de PETRA, Maternidades Feministas, a una reunión con la Defensoría del Pueblo de Navarra para exponer su posicionamiento sobre la explotación reproductiva.

Hace unas semanas salió en la prensa navarra la noticia de que el Defensor del Pueblo había concedido un permiso de paternidad a un docente interino que había tenido una criatura por “gestación subrogada” en Estados Unidos. Este permiso es el equiparable al de la adopción internacional.

Al leerlo, nuestras compañeras de la Plataforma Navarra por la Abolición de la Prostitución -PNAP-, inmediatamente solicitaron una reunión al Defensor del Pueblo para exponerle, como han manifestado “nuestra opinión, contraria totalmente a lo que se ha dado en llamar ‘gestación subrogada’ y que no es otra cosa que explotación reproductiva, y vulneración de los derechos de las mujeres y de las criaturas, además de ser una práctica, la de los vientres de alquiler, prohibida en España”.

A la reunión acudieron dos representantes de la PNAP y otras dos representantes de PETRA, ambas organizaciones con un posicionamiento similar en este tema. Fueron recibidas por dos asesoras del Defensor, que en todo momento repitieron que la concesión del permiso al docente se había basado en una sentencia del Tribunal Supremo de 2016, sentencia en la que se habla de que el permiso de paternidad/maternidad es, en realidad, un derecho del menor y, por tanto, en su interés superior su padre o madre, independientemente de cómo haya “formado” la familia, tienen derecho a disfrutar del permiso.

Esta justificación fue respondida por las compañeras con rotundidad, exponiendo que “los vientres de alquiler son una práctica prohibida en el Estado español por la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida de 2006, y que conceder ese permiso es otorgar privilegios a una persona que ha cometido un delito, además de que significa lanzar un peligroso mensaje a la sociedad navarra en este caso, se puede ir contra la ley, pero esa misma ley ampara a delincuentes

Asimismo, enumeraron los derechos de las mujeres y de menores “que se ven vulnerados en todo el proceso de la explotación reproductiva, y cómo, durante todo este proceso, se mercantiliza la vida humana, al igual que sucede en la explotación sexual, pero las asesoras del Defensor insistieron en que solo habían respondido a una queja que un ciudadano había interpuesto ante el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra que le había negado el permiso, y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo era clara al respecto y no habían valorado ningún otro aspecto.

Ambas organizaciones, instaron a que el Defensor fuese informado de los argumentos que habían sido trasladados, y se propuso la posibilidad de que el tema de los vientres de alquiler fuese uno de los temas tratados en la próxima reunión de Defensorías del Pueblo que será en octubre de 2020.

Iniciativas como las de las compañeras de la Plataforma Navarra por la Abolición de la Prostitución son imprescindibles, para no dejar sin respuesta ningún intento ni directo ni indirecto de normalizar la mercantilización del cuerpo de las mujeres.